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Recientemente los lobos cometieron la equivocación de matar el poni de Ursula von der Leyen y la consecuencia de tal “atrocidad” es la rebaja del grado de protección do los lobos en Europa y, colateralmente, en España al norte del río Duero. Los lobos han pasado de ser especie protegida a ser especie cazable dentro de ciertas limitaciones… o no.
Con el paso de la protección del lobo en todo el territorio español, ya que antes se mataba legalmente al norte del Duero, ha surgido una polémica tremenda. Por una parte, se asegura que, de repente, el lobo ha crecido exponencialmente en su población y que los daños se han multiplicado de forma incontrolable. También se asegura que se pagan más daños por lobo desde que está protegido.
Las personas que se dedican a estudiar las poblaciones de lobo dicen, en cambio, que la población no ha aumentado prácticamente nada, y que la especie se encuentra en una situación crítica por mostrar su población poca variación genética. El último censo realizado por el MITECO, en 2012-2014, contemplaba la existencia de 297 manadas. No se han vuelto a realizar un censo por parte del ministerio, por lo que, quien dice que han aumentado sus poblaciones en un 26%, probablemente, habla de forma totalmente interesada.
Mienten cuando dicen que el lobo ha aumentado su población en un 26%. Por ejemplo, el gobierno de la Xunta de Galicia olvidó que censaron 174 grupos de lobos ellos mismos en 1997 (Bárcena, 1997) mientras que en el último censo detectaron 93 grupos. Según la Xunta, la población lobera aumentó mucho y ocupa el 91 % de la superficie de Galicia (les saldrían los lobos por las orejas, pero la mayoría de los biólogos y naturalistas gallegos ven lo contrario: recesión.
En fecha 02/04/2025, se publicó en el BOE la Ley 1/2025 de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario. En la misma, se incorporan algunas disposiciones adicionales, transitorias y finales, que han conducido a la desprotección del lobo en el BOE. En la tramitación de la citada Ley se han producido varias anomalías, que desembocan en un caso claro de inconstitucionalidad, por varios fundamentos. La gravedad de una hipotética regresión sobre la protección del lobo tiene una doble consecuencia: por atentar contra el principio de no regresión ambiental y porque ese retroceso supone abrir la puerta para degradar el marco legislativo de protección de cualquier especie de la biodiversidad en España.
El mismo día 02/04/2025, el Gobierno de Cantabria aprobó matar 41 lobos y el 08/04/2025 (41%, suponiendo las 23 manadas que dice el gobierno cántabro que hay, con una tasa media de 4,3 lobos/manada, al alza, un máximo de 99 lobos). El Principado de Asturias ha anunciado que matará hasta 53 lobos en su territorio por medio del programa anual de control del lobo 2025-2026 previsto en el Plan de Gestión del Lobo: un 27% de sus efectivos si nos atenemos a cifras reales y asumiendo una cifra de 45 manadas existentes en el Principado según el gobierno autonómico (194 lobos máximo). El Diario Oficial de Galicia (DOG) recoge el 11/04/2025 una resolución que incluye la especie en la normativa cinegética de la comunidad, el paso necesario para autorizar la caza selectiva de ejemplares en casos de daños a los animales de ganaderos. La Xunta asegura que hay unos 800 lobos en Galicia, cuando la realidad es que apenas se superan los 400 (93 manadas contabilizadas por el gobierno gallego). Por su parte desde el mismo 03/04/2025, la Junta de Castilla y León, impulsora de la rebaja de la protección del lobo en España, prevé retomar la caza del lobo en León, Zamora, Palencia, Burgos y Valladolid con batidas “excepcionales”, a la espera de que se revise el informe sexenal, de seguimiento de la Directiva Hábitat, sobre el estado de conservación de la especie que el Gobierno de España ha de remitir en los próximos meses a Bruselas. Castilla y León cuenta con unos 700 lobos al norte del río Duero. Incluso en Cataluña, con sólo 5 lobos aislados, los ganaderos piden su “control”.
Pero el problema no es la cantidad de lobos, sino la viabilidad de la población y ésta en absoluto está asegurada. El lobo no acaba de recuperarse en la península ibérica, apenas ha aumentado un 8% en número en los últimos diez años (tasa anual de 0,8) y no ha aumentado de área de distribución significativamente, se ha expandido mínimamente en algunas zonas, pero sigue contenido en el cuadrante noroccidental de la península ibérica, cuando toda la península ibérica es área potencial de lobos. Hablamos de una especie aislada del resto de poblaciones de Europa, con problemas de falta de variabilidad genética y altas tasas de mortalidad ilegal y atropellos. El lobo es una especie vulnerable y amenazada. Su estado de conservación no es en absoluto favorable. No son los gobiernos autonómicos quienes deben valorar el estado de conservación de las especies, ni siquiera sus técnicos a sueldo, sino que éste estado debe ser valorado por la comunidad científica.
De acuerdo con la información accesible en EIONET* sobre el periodo 2013-2018, para las tres regiones biogeográficas que ocupa el lobo en España, es decir la Alpina, Atlántica y Mediterránea, el estatus de los diferentes criterios de evaluación se resume de la siguiente manera:
*EIONET: Red de asociaciones de la Agencia Europea de Medio Ambiente que proporciona apoyo técnico y científico a la Comisión y a los Estados Miembros de la Unión Europea.
No es previsible que cambie a mejor el estatus del lobo, como consecuencia del trato que recibe, por lo que continuará así en las próximas evaluaciones de la especie.
En 2020, durante la pandemia, los animales pudieron moverse con mayor libertad, aunque las escopetas siguieron saliendo al monte. Esa mayor movilidad permitió que aparecieran dos lobas ibéricas en Teruel. Hay que considerar que, desde 2014 y con un año de pandemia por medio, llegan a la comunidad de Aragón lobos procedentes de Europa, pero no llegan de las comunidades limítrofes, donde se asegura, por parte de quien nunca aporta datos ni metodología, que ha aumentado la población un 26%. Los lobos que se acercan hacia el sur, como el grabado en Ciudad Real, cerca de Sierra Morena, en diciembre de 2023, desaparecen sin dejar rastro.
Existe un invisible “cinturón de fuego” en torno a la población de lobos que impide que ningún ejemplar se extienda hacia el Este y el Sur desde el Noroeste de nuestro país. Vista la “gestión” que se hace de la especie, se alberga mayor esperanza en la llegada de ejemplares procedentes de Europa. La posibilidad de que se cace al lobo por medio de introducir dicha posibilidad en una ley que habla del desperdicio alimentario, es una maniobra torticera que espera aprovechar la lentitud de la justicia para darle fuego al animal y obtener rédito político en las próximas elecciones, ya que hasta que los tribunales se pronuncien pasarán algunos años. Mientras tanto, seguirán cayendo los que, amparándose en esta ley, se consideren legales, además de los que siempre caen a manos del furtivismo.
Se ha comprobado que aplicando medidas preventivas se pueden reducir los ataques al ganado en un 99%. Con presas silvestres, el lobo ataca mucho menos al ganado. Se da la circunstancia en Galicia de que el lobo se alimenta básicamente de corzo y jabalí en la parte suroriental de la comunidad, donde abundan estas presas, y, en cambio, el lobo basa su alimentación en potros y terneros en la zona occidental, donde las presas salvajes escasean en la mayor parte del territorio.
En ningún caso se puede decir que el lobo sea amenaza alguna para las personas, ni siquiera para los niños. Hay varios casos constatados de niños crecidos rodeados de lobos en Sierra Morena que no corrieron ningún peligro. Hay otros casos de niños, en Portugal, que interactuaron con lobos y no sufrieron ningún percance. No hay casos contrastables de niños o adultos atacados por lobos en el último siglo. No hay justificación científica, ni técnica, ni ética, para matar lobos.
Es tiempo de manejar las leyes adecuadamente. Hace bastante tiempo que la justificación está más que asentada. Quien quiera estudiar esa justificación, tiene mucha literatura donde hacerlo. Recomendamos encarecidamente la página web de ASCEL para no perderse.
En 1973, en Estocolmo, durante la 1ª Reunión de expertos en lobos de la UICN, se estableció que el lobo tiene derecho a la vida por el simple hecho de existir. Si a ello le añadimos el papel de especie clave y moduladora de paisajes y el abultado listado de beneficios ecosistémicos que el depredador aporta, es una obligación de las administraciones públicas velar por la recuperación efectiva de la especie en toda la península ibérica.
En 1986 tuvo lugar el Convenio de Berna, en el que el lobo queda recogido como especie protegida en el anexo III para la península ibérica. Los cambios en la protección del lobo que tuvieron lugar en 2024 no tienen efecto en la península ibérica, pues no ha cambiado nada para esta población. Desde el momento en que España suscribió este convenio internacional, al que se obliga, debió haber protegido al lobo en todo su territorio, pero no lo hizo y el lobo ha sufrido su consecuencia.
La Directiva de Hábitat Europa, de 1992, recoge al lobo como especie protegida por el anexo II, elevando la protección a “estrictamente protegido” al Sur del río Duero. El Estado Español debe tomar medidas para que el estado de conservación llegue a ser favorable dentro de todo su territorio, algo que difícilmente ocurrirá, máxime después de haberse perdido todos los restos poblacionales de lobos al Sur del río Tajo y de, a pesar de la inclusión en 2021 en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESRPE), no expandirse hacia el Este ni hacia el Sur peninsular. A ello hay que añadirle los problemas genéticos por los que atraviesa la especie, habiéndose incluso llegado a perder tipologías, como la pérdida en Sierra Morena. La matanza de lobos es contraria a la Directiva mientras el cánido no alcance y se mantenga “en un estado de conservación favorable”. Esta última referencia es central en la Directiva, ya que constituye su objetivo básico.
Con respecto a ese objetivo, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ya ha señalado, en el asunto C-436/22, Asociación para la Conservación y Estudio del Lobo Ibérico (ASCEL) contra la Administración de la Comunidad de Castilla y León (sentencia de 29 de julio de 2024), que la explotación cinegética a la que se refiere la Directiva de Hábitats “puede restringirse o prohibirse si es necesario para mantener o restablecer la especie de que se trate en un estado de conservación favorable”. Una especie, léase el lobo al norte del Duero, “no puede ser explotada desde el punto de vista cinegético ni cazada si no se garantiza una vigilancia eficaz de su estado de conservación”. En el asunto ASCEL, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha constatado que, de acuerdo con la documentación de referencia, pertinente para determinar el estado de conservación del lobo en España, las poblaciones de esta especie se encuentran en un estado de conservación “desfavorable-inadecuado” en las tres regiones biogeográficas ocupadas por aquel, a saber, la Alpina, Atlántica y Mediterránea, incluidas, en consecuencia, las situadas tanto al norte como al sur del río Duero.
De lo anterior, el TJUE ha concluido, por una parte, que las autoridades competentes (léase las Comunidades Autónomas) deben adoptar medidas con el fin de mejorar el estado de conservación del lobo, de manera que las poblaciones de esta especie alcancen en el futuro un estado de conservación favorable. La segunda conclusión es, si cabe, más importante, a saber, que “la restricción o la prohibición de la caza”, como consecuencia de la comprobación de un estado de conservación desfavorable de dicha especie, puede considerarse una medida necesaria para el restablecimiento de su estado de conservación.
Por otra parte, para excluir una especie del LESRPE está establecido un protocolo por la legislación. Además de los informes preceptivos de los consejos consultivos medioambientales y territoriales, ha de estar justificado científicamente y ha de someterse la propuesta de exclusión a información pública, etc. y todo esto no se ha hecho, así que se está infringiendo la ley. Las opiniones de versos sueltos, por muy biólogos (y cazadores) que sean, no se pueden tener en cuenta.
El lobo lo pagamos todos, porque es de todos.
La modificación del decreto que incluía al lobo en el LESRPE ha traído cambios económicos para las comunidades autónomas con lobos. La protección del lobo, es decir el hecho de estar incluido en esta lista de especies protegidas y ser el centro de la estrategia estatal para su conservación, había implicado una inversión sin precedentes en medidas de prevención y compensación de daños a los ganaderos. A partir de ahora, sin embargo, las tareas destinadas a lograr la coexistencia entre la especie y la ganadería extensiva se perderán; pero sobre todo terminará la transferencia de fondos para este fin que desde el Estado se transfería a las comunidades autónomas para compensar y apoyar a los ganaderos.
Se asignaron desde el MITECO a la comunidad de Castilla -León en 2024, un total de 3.787.000 euros de indemnizaciones por ataques de lobo. Además, se asignaron otros 4.920.000 euros en concepto de pago para medidas preventivas. Un total de 8.707.000 euros. Un equivalente de 877.000 ovejas en matadero a 100 euros por cabeza. Esto que pagamos supone el costo equivalente a la muerte de 23.800 ovejas diarias sólo en esta comunidad. Si se consideró con el censo de 2012-2014 que en esta comunidad había 179 manadas entre propias y compartidas, se pagan daños de 132 ovejas muertas por cada manada al día. Como se ve, es algo materialmente imposible, y arroja luz sobre si el lobo lo mantienen los pastores o, por el contrario, lo mantiene el resto de la ciudadanía. Es intolerable que se pretenda cobrar este dineral y que, además, necesiten cazarlo. Una vez abierta la veda, y que se da permiso “para los ejemplares conflictivos”, lo que procede es de forma inmediata cesar con las indemnizaciones.
Con el mismo concepto anterior, se han asignado a Cantabria un total de 1.517.000 euros en indemnizaciones por ataques de lobo durante 2024 y 1.096.000 en concepto de medidas preventivas. En el censo 2012-2014 se contabilizaron 8 manadas propias, más 4 compartidas, pongamos que son 12. Si aquí lo que matan es terneros, y un ternero puede valorarse en 1800 euros en matadero, estamos pagando 2.613.000 euros, es decir 1.451 terneros al año. Casi 4 al día, esto es, 1200 Kg de carne. Suficiente para alimentar a 600 lobos sólo con carne de ternero. En la comunidad, según dicen sus fuentes no contrastadas y que dicen tener cuatro veces más manadas de las contempladas por el MITECO, se estiman un total de 90 lobos. Sólo con lo que se paga en Cantabria, Se estaría pagando la alimentación de la cuarta parte del total de lobos de la península.
En Galicia, se han destinado por parte del MITECO 1.803.000 euros en 2024 para pagar daños de lobo y 2.225.000 en medidas preventivas. Total, 4.028.000. Como les parece poco, abren la mano a la caza (así lo dijeron en la prensa recientemente). La Xunta renunció a esos 4 millones de euros procedentes del ministerio (MITECO) para medidas preventivas y para pagar daños a la ganadería. En Galicia se estiman 77 manadas de lobo (censo 2012-2014). El total de las indemnizaciones repartidas por la Xunta dan una media de 11.688 euros para cada manada. Suficiente, si cada manada matase 100 ovejas al año. Si hubieran accedido a las ayudas del MITECO, la equivalencia sería al precio pagado por 40.000 ovejas o 2.200 terneros. El estado paga 50.000 euros al año por cada manada de lobos. Como si los ataques mataran al año 500 ovejas por manada.
Para Asturias en 2024, se destinaron 1.988.000 euros de indemnización, y 1.700.000 para medidas preventivas. Se contabilizaban un total de 28 manadas de lobo propias y 9 compartidas, lo que daría un total pagado de 3.688.000, arrojando un balance de 99.675 euros por manada, algo menos de 1000 ovejas por manada cada año.
En Aragón se dieron ayudas por valor de 550.000 euros en 2022 para zonas con presencia de lobo y oso. En Aragón hay 4 lobos y 20 osos. Se paga por un valor de 5.500 ovejas, 229 ovejas para cada animal. Además, el MITECO destinó otros 50.000 euros.
En total, el dinero que se destina desde el MITECO para que los ganaderos pongan medios para luchar contra los ataques de lobo, es de 10.500.000 euros, que es una cantidad más elevada que la que se paga en concepto de indemnizaciones, 9.500.000 euros. Esto, lo que indica claramente, es que el lobo lo estamos pagando entre toda la población, por lo que es más que razonable que, al ser patrimonio natural común, se respete. En resumen: se consigna una cantidad de dinero desde el Ministerio de 7.000 euros por cada lobo que habita en la península, de problemas o no. El lobo lo pagan los españoles, todos los españoles, no los ganaderos. A ellos, se les pagan los daños y las molestias. Con el dinero pagado se podría adquirir más del doble de la carne que cada lobo puede ingerir al año. Si fueran animales enjaulados, con el dinero consignado se podría alimentar a 6. 500 lobos adultos, bastantes más del doble de la población actual, que, además, se alimenta casi en exclusividad de presas salvajes.
Hay que decir que, además de todo este dinero mencionado anteriormente, pagamos además mediante el programa de ayudas de la PAC, una cantidad de 4.882.000 euros en concepto de ayuda para buenas prácticas medioambientales en el sector agrícola y ganadero.
Comoquiera que todo este dinero es público, se debiera requerir, por lo tanto, una justificación adecuada del mismo. Cada ataque de lobo debe de constar en un expediente donde se justifiquen los hechos y las pruebas obtenidas que justifiquen el pago.
Es pues, en virtud de la ley de transparencia, que se debe luchar para que los expedientes de ataque de lobo al ganado sean públicos, aunque se anonimicen los datos personales del ganadero o empresa, tales como su domicilio, teléfono, o DNI. El elevado dineral público que se destina a paliar los ataques de lobo, su situación como especie protegida y la posible mala praxis en el destino de las ayudas, hacen necesario que estos datos sean de total transparencia.
El lobo es patrimonio natural común. Es decir, el lobo no es que sea “de nadie”, sino que, de hecho, “es de todos”. Es “res nullius” y, por tanto, nadie se puede apropiar de él. No obstante, este hecho de ser de todos, implica que se deba indemnizar a quienes se ven afectados por su presencia. No se valora, en cambio, si los ataques han sido porque el animal se ha introducido en una finca particular o si han ocurrido en monte público, pues es de esperar que se tuviera un diferente modo de proceder. En el caso de terreno privado, es de esperar que las explotaciones cuenten con la adecuada protección y que se indemnice la incursión de un lobo. En el caso de terreno público, habría que valorar si la persona afectada hizo algo para evitar el ataque o no, dado que el lobo es un elemento más del paisaje donde esta persona realizaba su actividad.
Así pues, esta vuelta de tuerca electoral de la ultraderecha en Europa y en España debe de tener su contrapartida. Porque a los movimientos opacos, como ha sido la maniobra ejecutada mediante la inclusión de la posibilidad de la caza en una ley sobre desperdicio alimentario, se debe responder arrojando luz. Y si todo está correcto, no hay nada que temer por ninguna parte. Para los casos de mala praxis, si se produjesen, está la justicia.
Ahora, tras la publicación de la ley de desperdicio alimentario, se pretenden retomar los “planes de gestión del lobo”. Pero hay varias contradicciones entre el destrozo que pretenden y dichos planes de gestión. Pongamos como ejemplo el Plan de Gestión de 2009, que ahora se retoma en Galicia, y la disposición recientemente publicada en el Diario Oficial (DOG num. 71, de 11 de abril de 2025). En la norma se dice que se permitirá la caza:
1) “Por daños constatados de esta especie, se podrán autorizar esperas, batidas y monterías…”
El plan de gestión dice: “por daños recurrentes” (es decir: repetitivos, reiterativos). Está claro que abren la puerta a matar cualquier lobo.
2) … “las personas solicitantes…deberán informar por escrito…de sus resultados en un plazo de cinco días hábiles” …
El plan de gestión dice: (punto 10.2) … “En todo caso. Será preceptiva la supervisión por parte de los agentes de la consellería competente en materia de medio ambiente”.
Pero aún: pretenden dejar en las manos de los cazadores el control de la muerte de lobos, cuando el plan obliga a un control por parte de los agentes de medio ambiente.
3) Prohíben batidas y monterías en abril, mayo y junio por ser época de cría y en esos meses sólo se permitirán esperas (con el mismo descontrol ya citado).
Tal vez aún no saben que la gran mayoría de los lobeznos nacen a finales de abril-primeros de mayo. A primeros de julio apenas tienen dos meses ¿En julio superaron la etapa de cachorro?
Independientemente de todo esto, en esos “planes de gestión” suelen contemplarse medidas que podrían ayudar a favorecer al lobo y que nunca se cumplieron, como: apoyar estudios científicos, promover foros sobre el lobo, divulgar en escuelas y colegios de toda Galicia la realidad del lobo (que no es tan malvado), permeabilizar vías de comunicación donde hay atropellos de lobos… etc.
Por el contrario, los gobiernos autonómicos en los que aún resiste el lobo se han dedicado insistentemente a fomentar el odio al lobo entre ganaderos y cazadores (para pescar votantes y conseguir dinero), a reducir las plantillas de agentes de medio ambiente no renovando a los que se jubilan, mentir, emplear inadecuadamente o renunciar a las ayudas gubernamentales…
Pero el lobo sigue siendo una especie protegida en listado LESRPE al Sur del río Duero y sigue siendo no cinegética en todo el Estado Español. No se puede matar legalmente al lobo. Conceder permisos para hacerlo es actuar ilegalmente, al margen de la ley y esa actitud debe ser perseguida.
Matar lobos no es la solución a los problemas ganaderos. El lobo está cargando con una responsabilidad que no es suya por intereses políticos, está siendo utilizado de forma inmoral para ganarse el favor de una población que tiene problemas reales a los que no se enfrenta y que pretende desahogarse matando lobos porque quienes les azuza han decidido que es el blanco perfecto para absorber la rabia de la gente del campo. Pero el lobo no fija los precios del cereal, ni de la carne o la leche.
“El lobby de los ganaderos en extensiva entiende que, si su actividad productiva sucede en territorio lobero, a quien hay que eliminar de su hábitat es al lobo, en caso de amenaza o de ataque; y la administración debe autorizarlo para solucionar el conflicto y correr con los gastos que se generen en el proceso. ¿Pero quién es el “okupa” en este caso, el ganadero o el lobo?” (Concha López Llama -bióloga, profesora y escritora ecofeminista-: “La defensa del lobo: una argumentación científica y una cuestión moral”).
Dependemos de la biodiversidad completa, nuestros ecosistemas y nosotros mismos necesitamos al lobo para restaurar el equilibrio natural y por eso no queremos matanza de lobos.
Por todo ello, las asociaciones firmantes rechazan de plano toda licencia concedida para abatir lobos. Estas asociaciones tomarán acciones legales, tanto administrativas como judiciales y sociales, para oponerse a tales licencias con objeto de impedir cualquier abatimiento de lobos en toda circunstancia.
Imagen de cabecera José Manuel Ropero Montero (Grupo Lobo Andalucía)
Documento elaborado y promovido por:
ASOCIACIÓN LOBO (GALICIA)
ECOLOXISTAS GALICIA ATLÁNTICA E VERDE
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